Columna de sustentabilidad por Yerka Yukich, directora ejecutiva e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago.
La implementación de la nueva Ley 21.719 marcará un hito en el comercio electrónico chileno. En un entorno digital donde la confianza del consumidor es clave, la correcta gestión y protección de los datos no sólo es una obligación legal, sino también un pilar estratégico para la sostenibilidad del sector.
Los datos personales son el motor del comercio digital. Permiten personalizar experiencias, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, su mal uso genera desconfianza, pérdida de clientes y, con esta nueva normativa, podría acarrear incluso sanciones económicas a las empresas.
La nueva ley las obliga a adoptar prácticas responsables en el tratamiento de la información, fortaleciendo la relación de los consumidores en un ecosistema digital más seguro.
Uno de los principales requerimientos es garantizar la privacidad de los usuarios, asegurando que sus datos sean recolectados bajo alguna de las fuentes de licitud disponibles y tratados únicamente para aquellos fines informados.
Esto implica reforzar políticas internas, implementar medidas de seguridad robustas y capacitar a los equipos internos en la correcta administración de dichos datos. Así, el cumplimiento normativo se convierte en una ventaja competitiva que refuerza la fidelización de clientes.
La regulación también impulsa estándares de seguridad más altos. Proteger los datos en el comercio electrónico no sólo previene filtraciones y ataques cibernéticos, sino que mejora la operatividad de las empresas.
Un ecosistema seguro reduce riesgos, protege la reputación corporativa y fortalece la experiencia del usuario, generando un círculo virtuoso de crecimiento sostenible.
Otro punto clave es la transparencia. Si bien el ecosistema regulatorio sobre comercio electrónico ya impone importantes obligaciones de transparencia e información de cara a los consumidores -por ejemplo, la Ley 19.496 de protección a los consumidores hace mención expresa a los términos y condiciones como requisito mínimo para un consentimiento válido en operaciones de e-commerce- ahora se suma el Reglamento de Comercio Electrónico, que profundiza los deberes de información de las plataformas digitales a la hora de comercializar productos a través de canales electrónicos.
A ello se agrega, a partir del 28 de febrero, el Reglamento sobre Derecho de Retracto, que viene a reforzar aún más los deberes de información en el comercio electrónico.
Junto con esas normas específicas para operaciones de consumo, están los deberes propios de la protección de datos personales que, desde la perspectiva del e-commerce, se traduce en deberes de informar respecto a qué tratamiento de datos se llevará a cabo y para qué objetivos.
Por eso, para cerrar bien el régimen regulatorio del comercio electrónico, será clave, además, informar oportunamente a través de sus políticas de privacidad respecto a las operaciones de tratamiento de datos personales que cada proveedor de comercio electrónico llevará a cabo.
Así, por ejemplo, la ley exige que las empresas informen a los consumidores sobre el uso de los datos y les ofrezca mecanismos sencillos para acceder, corregir o eliminar su información. Esta práctica no solo cumple con la normativa, sino que también refuerza la credibilidad de la marca y empodera a los usuarios en su seguridad digital.
Si bien la nueva Ley de Protección de Datos Personales no comenzará a regir sino hasta diciembre del año 2026, en el intertanto es el SERNAC quien ya puede fiscalizar e imponer multas por el tratamiento abusivo de datos personales en operaciones de consumo.
En un escenario de crecimiento acelerado del comercio electrónico, cumplir con el régimen normativo del comercio electrónico es más que un requisito legal: es una estrategia esencial para la sostenibilidad del sector.
La confianza del consumidor es el activo más valioso en la economía digital. Proteger sus datos no es sólo un deber, sino una oportunidad para diferenciarse en un mercado competitivo.
