Felipe Godoy, legal country lead Chile en Accenture.
La Ley de Protección de Datos Personales moderniza un marco regulatorio que llevaba más de dos décadas sin cambios y eleva significativamente las exigencias para las empresas en materia de privacidad, seguridad y gestión de información personal.
La nueva regulación incorpora derechos como acceso, rectificación, oposición, portabilidad y eliminación de datos personales; establece un nuevo esquema de multas y fiscalización; crea una Agencia de Protección de Datos Personales; e impulsa mecanismos de gobernanza interna como la figura del delegado de Protección de Datos (DPO), que comenzará a ganar relevancia dentro de las organizaciones.
En la práctica, esto obligará a las compañías a revisar no sólo contratos o políticas de privacidad, sino también procesos, tecnologías, proveedores y modelos operacionales completos. Especialmente, porque muchas hoy avanzan aceleradamente en automatización, analítica avanzada e inteligencia artificial sin contar todavía con estructuras maduras de gobernanza de datos.
Uno de los conceptos más relevantes que instala la nueva legislación es el de privacy by design, inspirado en estándares internacionales como el GDPR europeo. Esto implica que la protección de datos debe incorporarse desde el diseño de productos, plataformas, servicios y sistemas, y no como una medida correctiva posterior. Es un cambio profundo, porque obliga a integrar privacidad, ciberseguridad, experiencia de cliente y tecnología desde etapas tempranas de desarrollo e innovación.
Para las marcas, esto tiene un impacto directo. La protección de datos dejó de ser un tema exclusivo de abogados o áreas TI, hoy involucra marketing, operaciones, recursos humanos, directorios y cadenas de suministro completas. No se trata sólo de evitar sanciones, sino de construir confianza en un entorno donde las personas comparten permanentemente datos financieros, biométricos y conductuales.
La experiencia internacional demuestra que las organizaciones que logran integrar privacidad, gobernanza digital y ciberseguridad como parte de su estrategia fortalecen reputación, reducen riesgos y generan relaciones más sostenibles con clientes y audiencias.
En ese contexto, la nueva ley representa una exigencia regulatoria, pero también una oportunidad para que las empresas chilenas transformen la confianza digital en una verdadera ventaja competitiva.
