Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago.
A medida que evolucionan las expectativas y exigencias globales sobre asuntos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), y se presentan desafíos cada vez más complejos para abordarlos, asumir un rol activo hacia un modelo económico responsable ha pasado a ser un factor esencial para la resiliencia, la competitividad y la subsistencia de largo plazo de las empresas.
En ese sentido, contar con procesos de reportabilidad basados en estándares y métricas universalmente aceptados, ha dejado de ser un mecanismo de marketing y se ha transformado en una hoja de ruta crítica y estratégica para cualquier negocio.
No sólo generan una oportunidad para transparentar el desempeño en temas de sostenibilidad, sino que también aportan significativamente en el posicionamiento y alineación de su propósito con su estrategia y el uso de recursos, facilitando la toma de decisiones y generando mayor confianza en el mercado.
Si bien esto puede parecer un tecnicismo fácil de resolver, cada organización debe primero identificar su materialidad, vale decir, aquellos aspectos ASG que son los más atingentes para su negocio. No obstante, existen unos mínimos comunes (muchos de ellos regulados) respecto a la integridad, el bienestar de las personas y el respeto por los límites planetarios.
En la era de la contabilidad ASG, no solo las empresas están llamadas a transitar este camino, sino que es una mirada estratégica y sistémica que debería aplicar cualquier organización. En la CCS somos una de las pocas instituciones gremiales que reporta a nivel global. Este año publicamos nuestra primera Memoria Integrada con información de 2024, realizada de forma voluntaria y basada en la NCG 461 y 519 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Este trabajo nos dejó como aprendizaje que, para las asociaciones gremiales empresariales, la materialidad radica en la “G”, con la cual, teniendo como base la legislación vigente, se debe elevar la vara y fortalecer todos los mecanismos de legitimidad y representatividad, con los más altos estándares de ética, transparencia, libre competencia, trazabilidad y rendición de cuentas, evitando conflictos de interés, financiamiento indebido y gestiones inadecuadas de lobby directo e indirecto.
Estos valores son ampliamente compartidos por nuestra organización, donde velamos por aportar de manera constructiva y técnica a la elaboración de políticas públicas, así como la adopción de acciones concretas que contribuyan a transformar a las empresas en su mejor versión.