Javiera Salazar, presidenta de la Comisión de Sostenibilidad de la AMDD y directora ejecutiva de Green Drinks Santiago.
En los últimos años, Chile ha avanzado en términos concretos: contamos con una Ley Marco de Cambio Climático, la cual establece un contexto jurídico para abordar y buscar como meta la carbono neutralidad y la adaptación a los efectos adversos, con una mirada de largo plazo.
Esta nos permite cumplir con los diversos compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo de París, el cual busca limitar el aumento de la temperatura a nivel global en nuestro planeta.
Para su cumplimiento, se cuenta con instrumentos que definen lineamientos generales de largo plazo para transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero.
Esto nos da una estructura y guía para la implementación a través de financiamientos climáticos y el desarrollo y transferencia de tecnología en diversos sectores, tales como energía, transporte, minería y salud, entre otros.
Sin embargo, hay grandes cuestionamientos: ¿estamos efectivamente actuando o estamos rodeados de acciones maquilladas? ¿Cómo saber realmente quiénes están haciendo acciones correctas, basadas en la ciencia? ¿Son acciones a corto plazo para que se vean correctas y atractivas al consumidor?
Estas preguntas nos la realizamos cada día porque lo que vemos en términos generales, como acción real en sostenibilidad, no cuenta con bases sólidas: son declaraciones u hojas de ruta bien escritas.
Se requiere acción concreta, monitoreada, trazable y basada en evidencia científica. Es necesario que cada iniciativa, por mínima que sea, incorpore rigurosidad técnica, con enfoque a largo plazo y que sea, sobre todo, transparente.
Como ciudadanía requerimos acceso a información transparente y verificable, así como referentes concretos que demuestren con evidencia que es posible avanzar con un compromiso real, existiendo actores en el país que lo están haciendo correctamente.
Tenemos en conocimiento que la urgencia climática no espera. Hoy debemos empezar a exigir los compromisos y acciones reales a las empresas y organizaciones, y no recibir información orientado a lo estético. Sin trazabilidad ni evidencia, las acciones seguirán siendo declaraciones sin impacto.
